Una nueva Constitución para Chile, ¿discutamos?

por FELIPE SIMONSOHN, Abogado, U. Diego Portales. Coordinador Ejecutivo de AHCIET. MA en Comunicación Estratégica, PU. Católica de Chile.

 

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America” Preámbulo de la Constitución Política de los Estados Unidos, 1789.

Mirar el ambiente político chileno desde afuera (actualmente vivo en Colombia) y en pleno desarrollo del proceso electoral brinda más dudas que certezas. Más aún cuando tenemos una política manchada por el desprestigio y por consecuencia, por la apatía.

Dentro de todo este menjunje político de candidatos, partidos, bajadas, subidas, denuncias, contradenuncias, etc. , surgen ideas y movimientos que dan cierta esperanza a la hora de pensar el futuro del país. Hoy estamos siendo capaces de discutir acerca de la pertinencia y oportunidad de contar con una nueva Constitución para Chile. Enhorabuena.

Más allá del proceso idóneo para tenerla (Asamblea Constituyente, acuerdo político, etc.) me parece un tremendo avance en lo que a Educación y Responsabilidad Cívica respecta el sentarnos a pensar, conversar y debatir sobre el asunto.

La Constitución es la declaración que hace un país y a través de sus ciudadanos sobre los objetivos que busca con su existencia y conducción. Establece los derechos, las obligaciones, los procedimientos a través de los cuales se deben lograr dichos objetivos. La mera discusión de cambios me parece un logro en sí mismo.

¿Cuál es el rol del Estado frente a diversos derechos consagrados en la Constitución como la  Educación o la Salud? Hoy es un rol de subsidiaridad. En palabras simples, esto quiere decir que casi todo el impulso de los diversos aspectos de desarrollo de un país está entregado a particulares, salvo aquellos que por razones de conveniencia, imposibilidad o decisión estratégica (como la seguridad nacional) no puedan desarrollarlo. Esto, en un análisis simplista, hace que todo lo que sea rentable económicamente lo ejecuten los privados y lo que no, queda en manos del Estado. Casi por descarte.

Esto a su vez hace que los que más tienen pueden acceder a los mejores servicios, mientras los más desposeídos quedan a la buena del Estado y acceden a los peores servicios. Todo esto en un país con una de los niveles más grandes de desigualdad de la OCDE[i]. Nada de bien.

¿Es razonable que un privado logre beneficios económicos extraordinariamente grandes a partir de un derecho constitucional como la salud, a partir de una desgracia que es la pérdida o el riesgo de pérdida de la salud? No.

¿Es razonable que un privado se beneficie de una tarea tan relevante como el sistema de pensiones que a todas vistas va a colapsar por los resultados que está teniendo hasta ahora? Tampoco.

Aspiro a un país donde todos tengamos igualdad de oportunidades y que el lugar de donde nacemos no condicione ni limite nuestro futuro. Aspiro a obtener servicios estatales de calidad en condiciones de igualdad  para todos los habitantes de Chile. No debería sonar tan absurdo.

Ese es el tipo de cosas que discutimos a la hora del debate de una nueva Constitución. La actual Constitución fue construida y aprobada de forma mañosa y redactada con el fin de mantener un “equilibrio controlado” de todo lo que sucede en el país, y que generalmente beneficia a los más ricos. A lo menos.

Que la nueva constitución Política de la República permita que construyamos juntos un país más justo para todos. Que nazca de la reflexión, de la convergencia de miradas, que represente la diversidad de enfoques, y el deseo que tenemos los chilenos que queremos que Chile sea en el futuro. Lo que sí podemos convenir desde ya: este modelo no da para más.

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