¿Democratización o burocrátización de la justicia?

por DAMIAN BRUMER, Est. de Abogacía, U. Nacional de La Plata, Argentina.

“Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”, José Martí.

Las luchas que se libran por abajo pueden repercutir arriba. El ruido de abajo puede hacer eco y resonar arriba, no porque arriba se convenzan de las “bondades” del ruido de abajo, pero sí por la presión de ese ruido que retumba en la estructura y por el miedo al derrumbe inminente.

Las conquistas de los sectores populares a lo largo de la historia son producto de largas luchas. Ni una mano divina, ni un golpe de suerte, ni la magia, ni los hechizos, ni mucho menos una idea aislada de una o dos personas que levantan la mano o firman un papel. La jornada laboral de ocho horas no es otra cosa que la consecuencia de palos y sangre. La derogación de las leyes de Amnistía a los genocidas en Argentina es el efecto de más de treinta largos años de marchas y escraches en las calles. Estas victorias de “los y las de abajo” tuvieron su correlato “arriba” a través de reformas legislativas que, claro está, no hubieran tenido ni tendrán vigencia sin la continuidad de esas mismas luchas. Las pruebas están a la vista en un sinnúmero de casos.

Al margen del minucioso análisis de cada una de las reformas judiciales aprobadas por el Congreso Nacional, resulta innegable la necesidad de iniciar un serio debate en torno a la democratización de la justicia, entendiéndola como herramienta para el logro de una sociedad justa. En ese marco -y desde la perspectiva de un análisis filosófico- ¿puede un gobierno lograr una sociedad justa impulsando leyes en el marco de un Estado liberal propio de un sistema capitalista? La respuesta parecería obvia, aunque extrema y desmovilizante. Por lo tanto, y entendiendo que es posible generar reformas progresivas para el conjunto de los sectores oprimidos, ¿existe un correlato entre los reclamos populares y las normas sancionadas?

Desde hace años, el reconocimiento real y genuino de los derechos de los pueblos originarios, la aprobación de normas tendientes a erradicar la violencia de género, la despenalización y legalización del aborto, el desmantelamiento de las redes de trata de personas y la eliminación de la tortura en las cárceles de todo el país, son algunas de las demandas más sentidas de las mayorías populares. Resulta innegable que no hay ninguna línea de coherencia entre estas realidades urgentes y las leyes del denominado proyecto de “justicia legítima para todos”.

Nada se dice sobre el marco normativo que materializa un sistema tributario absolutamente desigual, tampoco se habla de un derecho a la vivienda digna que es letra muerta en normas nacionales e internacionales, ni de la creciente precarización laboral, ni mucho menos de la institucionalización penal de un sector estigmatizado de la sociedad.

Que la reforma judicial se centre en formalidades, profundizando la burocratización de la justicia y presentando la posibilidad del “cambio de figuritas” como un proyecto político democratizante, sin apuntar a la transformación de fondo en una estructura judicial que no contempla las necesidades históricas de la sociedad, tiene lógica cuando los cambios se imponen de “arriba” hacia “abajo”. El paquete de leyes presentado por el gobierno nacional y aprobado por el Congreso no refleja los reclamos sociales, sencillamente porque se evitó integrar al conjunto del pueblo en el debate, dándose prioridad a los intereses de algunos sectores de poder.

Es evidente que los cambios de raíz en la justicia no van a ser el resultado del oportunismo de los gobiernos, ni de los acuerdos entre funcionarios judiciales comprometidos con una justicia más “ágil, moderna y transparente”. Sólo habrá una “justicia legítima” cuando ella refleje las necesidades e intereses de “abajo”, involucrando en el debate al conjunto de la sociedad a través de mecanismos amplios y democráticos de participación real; es decir, cuando los postergados, los excluidos y los olvidados de siempre, tengan voz y voto para dar una vuelta de timón en el destino de la historia.