Los delincuentes entre nosotros: la eterna impunidad de los poderosos.

por FEDERICO LEVI, Est. Arte, U. de Chile.

“O a la sombra de las leyes el refinado ladrón”, Violeta Parra

Estas últimas semanas hemos podido escuchar, tanto de los “honorables” senadores y diputados, como del gobierno, especialmente del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, cómo se critica fuertemente el actuar de los jueces de garantía, acusando que “no castigan como corresponde” a los delincuentes, por lo tanto dejan desprotegida a la ciudadanía. Esto hasta el punto de incluso llegar a exigir mayores condenas, más duras en su castigo y más prolongadas en su tiempo.

Este discurso surge primero en el contexto de las movilizaciones estudiantiles, pues un porcentaje muy pequeño de los encapuchados detenidos son formalizados en tribunales, lo cual ya ha desatado el más tajante rechazo por parte del gobierno, el que pretende que los jueces actúen tal como lo hacen los carabineros, con una represión dura y severa. En este contexto, rápidamente la derecha logró instalar en sus medios de comunicación que el problema ya no es solo con los encapuchados, sino que se extiende a la delincuencia en general. Es en este punto donde uno como espectador, siente aparecer una nube de sospecha en torno a este discursillo.

Si se analiza con sólo un poco más de profundidad el tema del castigo a los “delincuentes”, podremos observar comportamientos muy distintos en el discurso de la derecha. En primer lugar, podemos ver cómo se resisten a tratar con el calificativo de delincuentes a los violadores de los derechos humanos y, en muchos casos, resistiéndose al castigo que han dictado los jueces y amparándose en vergonzosas leyes de amnistía que protegen a criminales y asesinos. En segundo lugar, se complacen o por lo menos guardan un cómplice silencio con respecto a las bajas penas que aplica la ley a los llamados “delitos de cuello blanco”, los cuales como en el caso de La Polar, arrastran la dignidad y el esfuerzo de miles de ciudadanos comunes y corrientes.

Me quiero detener especialmente en el segundo punto, pues es interesante ver cómo la legislación valora los delitos. Por ejemplo, un simple hurto de algo que valga 40 UTM tiene asignado mayor tiempo de prisión como pena, que la malversación de caudales públicos, hecho en el que, generalmente no sólo se apropia de más de 40 UTM, sino que además, ese hecho afecta los intereses públicos y no solo al particular del dueño de la cosa hurtada.

Se esperaría de estos mismos sectores colocar igual énfasis y destinar la misma energía y recursos mediáticos para exigir a los fiscales y jueces la aplicación de la ley, como en el escándalo con las becas Valeche de la universidad UNIACC – donde no ha habido ni un solo formalizado – o en el caso de la colusión de las farmacias, sólo por mencionar algunos en los cuales realmente se ha defraudado al Fisco, hurtando y disponiendo de los recursos públicos que podrían destinarse a satisfacer necesidades sociales reales. Resulta claro que hay una especie de pudor para la atribución del calificativo de delincuente a los autores de este tipo de delitos, siendo que claramente lo son en igual o mayor medida, y sus razones de criminalidad no se originan en injusticias y desigualdad social, en contextos sociales de desesperación y miseria, en una situación cultural que reproduce dichos hábitos, sino que la criminalidad se origina en la más pura avaricia y codicia del ser humano egoísta e individualista.

Otro aspecto que queda claro es que en esta sociedad se evidencian dos tipos de personas, aquellas que tienen que hacer muy poco esfuerzo para que el poder punitivo del estado caiga sobre ellos, y en cambio otras que parecieran estar blindadas ante el poder judicial, gozando de una impunidad de castas sociales inmóviles y completamente externas al sistema, y que cuando llegan a verse tangencialmente tocado por éste, es porque se han traspasado incluso sus propios límites, como es el caso de los ejecutivos de La Polar y su vergonzoso e inmoral comportamiento.

Finalmente, podemos decir que el gobierno y la derecha han fracasado absolutamente en su lucha contra la delincuencia, y no va a ganar esta con más efectivos de carabineros, ni construyendo más cárceles ni con la ley de seguridad del estado, pues los delincuentes más peligrosos seguirán ricos y felices entre todos nosotros mientras las mismas leyes los protejan.