El bono de Allamand a las madres adolescentes: otra evasión a regular el aborto en Chile.

por BENJAMIN NAPADENSKY, Est. Derecho, U. de Chile.

Es tiempo de campañas políticas en Chile. Recientemente vimos como uno de los candidatos de la derecha a la presidencia de la República, Andrés Allamand, sorprendió a más de uno con una singular propuesta. Se trataba de un incentivo económico a aquellas madres adolescentes con motivo de su embarazo. Ahora, cabe preguntarse, ¿qué fin se persigue con tal iniciativa? El candidato, en defensa ante las críticas recibidas, indicó que habían “dos alternativas: o dejamos a las madres adolescentes vulnerables solas, o las ayudamos a salir adelante y yo estoy por lo segundo”.

Primeramente, no logra comprenderse cómo es que un bono de $240 mil pesos podría significar una mejoría sustancial en las condiciones tan inmensamente adversas que debe enfrentar una menor vulnerable que es madre y que van más allá de carencias materiales puntuales. Hoy por hoy, una adolescente en tales circunstancias debe plantar cara junto con su hijo a un sistema que se muestra particularmente hostil para quienes deben sufrir las penurias de un país tan groseramente desigual como el nuestro. Cuesta entender cómo esos $240 mil pesos anuales pueden compensar el hecho de que a aquel niño en riesgo social el Estado no le garantizará Educación, Salud y otros ítems básicos a una calidad que pudieran llevar a pensar a su joven madre que en efecto su hijo tiene buenas oportunidades de crecer y desarrollarse en plenitud.

¿Qué esperanzas en el desarrollo de su hijo puede tener una niña que ha vivido en carne propia los males propios asociados a una familia que sobrevive con ingresos paupérrimos  provenientes de trabajos precarios, en barrios comúnmente asolados por el narcotráfico y la delincuencia, carentes de lugares públicos de esparcimiento? Dejar en la indefensión es precisamente el no procurar generar las condiciones mínimas para el desarrollo integral de ese niño, condiciones externas que en nada variarán por contar la madre con este dinero pasajero adicional.

En segundo lugar, si en vez de destinarse recursos fiscales a medidas cortoplacistas como ésta se invirtiera no sólo en educación sexual sino también en facilitar los diversos métodos anticonceptivos a la población adolescente, probablemente estaríamos disminuyendo considerablemente desde un comienzo las probabilidades de que una joven deba pasar por el tormento que implica quedar embarazada a tan corta edad. Aquello se vincula directamente con la pésima educación de la que muy probablemente fue víctima dicha menor y que con casi toda seguridad será también su hijo por nacer.

Dejo como tercer punto el que a mi parecer es el más relevante, y guarda relación con la fuerte inconsistencia ontológica existente tras una idea como esta. Como todos sabemos, hoy es ilegal el aborto en Chile. Lo que una medida como esta esconde como fundamento último es precisamente generar un desincentivo al aborto, cosa que es a todas luces ridícula. Hacer eso es análogo a entregar estímulos monetarios a un criminal para que no delinca, y en efecto es esa la discusión de fondo, una vez más: la criminalización de un hecho al cual muchas veces se ven las jóvenes madres forzadas sin mayor alternativa. No me voy a extender en el daño inconmensurable que significa no tener reglamentado un asunto de salubridad pública esencial como lo es el aborto (por más que sea ESTE el tema de fondo), pero que quede claro que insistir en propuestas parche como esta es continuar haciendo vista gorda a una realidad que se muestra como particularmente cruda y dramática en los sectores de menores ingresos.

Veinte mil pesos al mes por un hijo ciertamente no evitarán que un número importante de jóvenes de escasos recursos continúen muriendo en nuestro país a raíz de los abortos clandestinos a los que forzadamente deben someterse como única alternativa. Única alternativa que de hecho les han dejado a estas adolescentes aquellos que sínicamente se hace llamar “pro vida”. Inclusive, en el mejor de los casos, una propuesta así podría tener algún sentido si hoy la mujer chilena tuviera poder de decisión sobre sus derechos reproductivos y plena libertad de optar voluntariamente por tener un hijo como alternativa a un aborto legal y regulado bajo determinados supuestos.

Hoy en día, la mujer chilena se ve privada de decidir sobre su propio destino precisamente por obra y gracia de quienes creen que con veinte mil pesos al mes se pueden silenciar las voces de quienes claman por no ser tratadas de forma irracional como criminales.