Harald Beyer y la “politiquería” parlamentaria en Chile.

por JOSE TOMAS HIRSCH, Est. Derecho, U. de Chile.

Uno de los acontecimientos más importantes del panorama político de este primer trimestre ha sido la aprobación en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional contra el Ministro de Educación Harald Beyer este pasado 4 de abril.  Dicha acusación inculpa al funcionario de no haber fiscalizado el lucro en los establecimientos de educación superior, y podría terminar en la destitución de su cargo tras la pendiente votación en el Senado.

Decenas de militantes de partidos políticos, parlamentarios, representantes del gobierno e incluso el mismo Presidente de la República han manifestado su adhesión o repudio al resultado de la votación de la Cámara de Diputados en declaraciones a través de los medios sociales.

Mientras que parlamentarios y militantes de la Concertación celebraban, el Presidente Sebastián Piñera consideró «muy injusta» la acusación y dijo esperar “que los senadores, que actuarán como jurado, puedan reflexionar y actuar con justicia”, afirmando también que Beyer «es el ministro que más ha luchado y que más ha combatido el lucro y el mal uso de recursos públicos, como lo han reconocido ciertos ex ministros de Educación de la Concertación».[1] También es cierto que Beyer ha tenido una actuación como ministro de educación muy por sobre los ministros de la Concertación, cerrando la Universidad del Mar y creando la Superintendencia de Educación Superior, entre otras medidas.[2]

Dejando de lado las declaraciones de los partidos políticos, el columnista, abogado y periodista Agustín Squella nos llama a reflexionar acerca de cuáles fueron las verdaderas motivaciones de los parlamentarios al votar a favor de la acusación en una columna escrita en “El Mercurio”. ¿Será que los diputados realmente quisiesen sancionar al gobierno, o no se tratará más bien de una jugada personal de los diputados que quieren ser reelegidos este año?[3]        

Squella nos plantea que pese a que los diputados saben que probablemente no van a ganar votos de los jóvenes si votan a favor de la acusación, se arriesgan a perderlos en caso de oponerse a ella.[4] Por ende, los diputados estarían tratando de “marcar un hito” (en las palabras de Squella) sin contenido en la lucha hacia la gratuidad educacional, impugnando al ministro sin importar lo cometido en su gestión, y a través de una jugada demagógica para asegurar su permanencia en el Parlamento.

Desde los tiempos de Maquiavelo, toda persona que estudia la política sabe que la ética debe ser sacrificada en ocasiones a raíz de la permanencia en el poder; basta examinar las políticas de la exitosa trayectoria de la recientemente difunta Margaret Thatcher. Sin embargo, y citando nuevamente a Squella: “Todos sabemos que nunca la política ha sido hecha desde los mejores sentimientos del corazón humano […] Pero que no sea una actividad hecha desde los mejores sentimientos no significa que tenga que serlo desde los peores.”[5]

¿Estamos listos para realmente avanzar en la lucha por una educación de mejor calidad o sigue la política subyugada a los intereses de unos pocos que tienen el poder? Tal vez la votación del senado sea un reflejo de ello.