Romper los Consensos políticos: el desafío de aplicar castigos a los violadores de los Derechos Humanos durante la Dictadura Militar en Chile.

por SOFIA SACKS, Est. Ciencia Política, PU. Católica.

La palabra que marcó la vuelta a la democracia de nuestro país fue, probablemente, “consenso”. La idea siempre fue preparar pactos entre la Concertación y Renovación Nacional, no generar grandes controversias en ningún ámbito, e ir atrasando los temas que las generaban para otros momentos. La lógica que primó fue la de “democracia de consensos”, entendiendo como tal una en la que los problemas se resolvían en oficinas cerradas, mostrando hacia el exterior que este era un país de amigos civilizados, que podían resolver todo por la vía pacífica.

Así, la solución más fácil para los temas difíciles fue su postergación. La aberración más grande que se cometió en nombre de la “transición” fue la postergación de los juicios a los militares involucrados en la violación de los derechos humanos, tema que aún sigue vigente en nuestra sociedad. Se ha llegado a decir que el clivaje político que hoy divide a nuestro país es, precisamente, el apoyo/rechazo al régimen de Pinochet, sin que hayan responsables directos.

En el 2010, catorce militares chilenos fueron enjuiciados en Francia por la desaparición de cuatro ciudadanos franceses durante la dictadura militar. El titular de la prensa francesa decía “Las Heridas siguen Abiertas”, y los comentarios escritos bajo la noticia se cuestionaban si efectivamente era así. Probablemente, sería muy irresponsable adoptar una postura hablando desde afuera, dado que mi generación nació con la vuelta a la democracia. Lo que sí sabemos es que no se ha hecho ningún esfuerzo por cerrarlas.

Con la idea de mantener los consensos, el castigo de los responsables se fue atrasando con los gobiernos de “transición”, que se decían atados de manos por la Ley de Amnistía dictada en 1978, con la salida del Estado de Sitio. La ley en sí es interesante, pues nunca habla de qué es lo que será objeto de amnistía, sino de lo que no. A modo de ejemplo, el manejo en estado de ebriedad no quedó comprendido en la amnistía, y por lo tanto no se exime de responsabilidad penal, a diferencia de la tortura.

Han transcurrido 21 años desde la vuelta a la democracia, y hemos visto cómo los esfuerzos han ido en recompensar a las víctimas, pero no en castigar a los culpables. No debe entenderse que esto no es bueno, sino que no es suficiente. La lógica de los consensos, al parecer, sigue primando en nuestra sociedad, que se estaba acostumbrando a las decisiones pactadas, sin ruido ni alboroto, sino que consensuadas y decididas entre cuatro paredes. Así, el tema de las violaciones a los derechos humanos, de forma sistemática, cometidas durante la dictadura, se encuentra todavía en los temas que rompen el consenso, y por lo tanto no es deseable, según quienes hoy están a cargo del poder político. La prensa, en este último tiempo, se ha encargado de poner los temas aún sobre la mesa mediante los programas de televisión. Sin embargo, cada vez que se toca el tema de buscar a los culpables puntuales, empieza una serie de argumentos haciendo referencia al tiempo pasado, a que los culpables seguían órdenes y a que el contexto era distinto.

El castigo probablemente nunca llegue, pues está supeditado más que a la comprobación de los hechos, a la voluntad política de las partes de volver a poner el tema sobre la mesa, y hacer responsables a quienes corresponde. No debe entenderse castigo como venganza, sino como una verdadera delegación de responsabilidad sobre quienes son responsables. Que quien haya cometido violaciones a los derechos humanos haya estado siguiendo órdenes, no lo exime de su responsabilidad, en cuanto el ingreso a las fuerzas armadas es voluntario. Puede que las condiciones hayan cambiado, pero tras analizar las publicaciones de las comisiones encargadas de revelar lo ocurrido, la opción de que no hayan puesto de su parte queda bastante obsoleta.

En conclusión, hace falta que como sociedad dejemos de lado la idea de los consensos como necesarios para la preservación del “orden público”. Aquí, hay responsabilidades que deben entregarse, y si eso costará un problema en términos políticos, entonces debemos asumirlo cuanto antes para terminarlo rápidamente. Es nuestro deber, como sociedad civil, y tal como se hizo con la educación, tenemos que poner el tema sobre la mesa para que efectivamente se entreguen los castigos a quien corresponda, pues no podemos seguir adelante sin resolver nuestros problemas anteriores.

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3 Respuestas a “Romper los Consensos políticos: el desafío de aplicar castigos a los violadores de los Derechos Humanos durante la Dictadura Militar en Chile.

  1. Querida Sofia, es cierto mucho de lo que dices, sin embargo hay matices , claroscuros que no me permiten ver las cosas de un modo tan definitivo como lo expones. Uno de eso matices tiene relacion con la oportunidad en que los “defensores de los derechos humanos” reactivan sus demandas, lo hacen por lo genral en momentos en que requieren poner cortinas de humo sobre otros temas contingentes que no les conviene. De esa manera se convierten un defensores oportunistas que terminan a puertas cerradas negocinado lo que veerdaderamente les interesa coyunturalmente. De alli que la voluntad de esclarecimiento y verdad no es real, ya que una vez resuelto el tema y que todo los culpables hayan sido debidamente castigados de acuerdo a ley se les acabarian las banderas de lucha. Por otra parte nunca nos olvidemos que hubo ( en distintas proporciones ) muertos y secuestrados por ambas partes y que
    los asesinos del Senador Guzman son honrados fuera de Chile.

  2. Estimado Ari:
    Creo que no entendiste el objetivo del ensayo. Yo nunca hablé de que fueran los partidos de ninguna tendencia política los que estuvieran en posesión de la capacidad de poner el tema en la mesa, sino que nosotros, como ciudadanía, tenemos el deber de hacerlo.
    No creo que el tema tenga matices, los violadores de los derechos humanos están presos, o no. En este caso, no lo están. O por lo menos, gran parte de ellos sigue su vida como si nada hubiera pasado, por lo menos desde el punto de vista punitivo. Así, creo que la voluntad de esclarecimiento es un deber nuestro, como pueblo, y no de los partidos que tú dices que negocian lo que les conviene. Creo que, si bien la clase política tiene algún poder de negociación, el deber principal es nuestro, ya que no podemos seguir adelante como país tapando hoyos sin llenarlos primero de tierra.
    En el caso específico de Jaime Guzmán, debo aclarar que se encuentra, por lo menos G. Apablaza, en calidad de refugiado en Argentina. Esto no significa que esté siendo honrado, sino que la comunidad internacional en su conjunto estima que el gobierno de Chile no será capaz de velar por su integridad física, en cuanto sería juzgado por un tribunal militar, lo que va en contra de una serie de convenciones de Naciones Unidas y del Alto Comisionado para Refugiados.

    Saludos

  3. El articulo deja como victimas a las personas del bando totalitario , cuya ideologia a causado mas de 100 millones de muertos a lo largo de la historia. Los militares presos son heroes que lucharon contra el marxismo, ideologia intrinsecamente perversa, como bien la llamo Pio 12. No dudo que se cometieron cosas moralmente reprobables, pero ante un enemigo que ataca por la espalda y no duda en ocupar ningun medio, es facil juzgar desde nuestro prisma. Pinochet y su gobierno salvaron a Chile de convertirse en una dictadura comunista y totalitaria, estilo Venezuela, o en el peor de los casos Cuba o la URRSS.
    Saludos.

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