Educación de calidad desmercantilizada

por RAQUEL AGUILA, Est. Derecho, U. de Chile.

 

Una discusión pendiente en torno a la reforma educacional que se está implementando es sobre qué concebimos por una “educación de calidad”. Entendemos que el concepto de “calidad” no es neutro, puesto que abarca en su definición valoraciones que tenemos sobre nociones tales como educación, comunidad política, procesos educativos o conocimientos.

Pero estas valoraciones en nuestro sistema educativo se encuentran hoy subsumidas a lógicas de mercado. Cuando hablamos sobre la inequidad de calidad provista por instituciones públicas en contraste a las privadas, utilizamos estándares de comparación (PSU y SIMCE) que miden criterios de eficiencia respecto a la transmisión de un conocimiento que es transable en el mercado.

Cuando se sostiene que una educación eficiente es de calidad, se niega el carácter histórico de atribución de valor que hemos hecho de este concepto, a la vez que ignora que la determinación de la eficiencia como principio rector del sistema educacional está respaldada por una decisión valorativa;  “la definición de la calidad en la educación conlleva un posicionamiento político, social y cultural frente a lo educativo” (Verónica Edwards). La ideología tras este posicionamiento político se esconde tras las decisiones basadas en los criterios técnicos sobre los que dice edificarse el sistema educativo, tomando posturas sobre cuáles son los fines a los que educamos, basados en juicios tecnocráticos que elaboran un grupo de expertos en materia educativa.

Por supuesto que los criterios técnicos son efectivos en tanto determinemos que la eficiencia es la meta de nuestro sistema educacional. Sin embargo, si nuestra postura frente a qué entendemos por educación no pretende regirse bajo la lógica de la eficiencia, sino en base a otros criterios que determinen la orientación que queremos darle al conocimiento, debemos replantearnos los instrumentos con los cuales medimos la calidad de la educación para que respondan a nuestros fines.

La mercantilización de la educación no solo dice relación con una forma de entender la administración del sistema educativo (si se rige por las lógicas interactivas de mercado o se entiende a la educación como un derecho social que, por lo tanto, es accesible para todas las personas por igual), sino también con el traspaso de lógicas económicas a nuestra comprensión de qué significa educar.

Si consideramos que la educación no debe ser entendida bajo una comprensión mercantil respecto a lo gratuito y lo público, tampoco podemos hacerlo respecto a la calidad. La educación de calidad que debemos defender debe ser construida desde una ideología que no traslade los conceptos del mercado a las instituciones educacionales, sino que debemos encontrar nuevos conceptos que cimienten el sistema y que digan relación con la lógica de lo público y los derechos sociales.

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