¿Por qué voy seguro a votar Apruebo?

por JONATHAN DAVIDOVICH, Est. 4to Medio, Instituto Hebreo Chaim Weitzman ORT Santiago.

Como a todos, me remeció el estallido social de octubre. ¿Qué no vimos? ¿qué es lo que se necesita para construir un Chile en el que todos podamos sentirnos parte? ¿Qué falencias tiene la actual constitución que hace necesario su reemplazo? El debate constitucional nos abre una oportunidad a la que no deberíamos temer.

La Constitución actual presenta distintas limitaciones al accionar del Estado: “El Estado debe ser absolutamente supletorio, evitando que intervenga en la actividad económica.” El Estado no puede, por ejemplo, explotar el litio, crear una industria de baterías, o cualquier otra cosa a menos que sean aprobadas como leyes especiales, con quórums calificados. 

Los niveles de quórums requeridos para las reformas es otra razón por sí misma, otro mecanismo más de los grupos de poder que la redactaron para eliminar cualquier posibilidad de cambios importantes en el país, llegando incluso a los ⅗ del total para aprobar reformas que aún así acabarían siendo rechazadas por el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido innumerables veces. ¿Rechazar para reformar? Imposible. 

Frente a las necesidades básicas de las personas, como Salud y Educación, define expresamente un modelo de Estado Subsidiario, permitiéndole intervenir sólo en áreas donde no haya servicios privados. Tampoco permite la posibilidad de crear una AFP estatal universal, o incluso recuperar la propiedad del agua para garantizar su acceso a toda la población, como se hace en Israel. En el siglo XXI, el Estado debería proveer y resolver el acceso de la población a satisfacer sus necesidades básicas, asegurando que éstos sean de primera calidad para todos.  

El fuerte presidencialismo que presenta la Constitución perjudica el equilibrio de poderes, otorgando excesivas facultades al Presidente. Es el único que puede tener iniciativas legales que afecten el presupuesto e imponer las prioridades legislativas. Tiene poder de vetar lo que no quiera, y el poder de darle prioridad a lo que quiera. Además, determina la proclamación de los Estados de excepción constitucional, facultad muy cuestionada especialmente desde el estallido social. Darle más poder al Congreso otorga más relevancia a la separación y distribución de poderes del Estado, y posibilita una mirada más regionalista.

La Constitución no contempla participación popular: los ciudadanos no tienen poder de proponer. En Uruguay, cumpliendo ciertos mínimos, los ciudadanos pueden incluso proponer leyes o proyectos. Esto promueve que se escuchen las voces de manera más directa, legitimando al estado y mejorando la representatividad.

Su origen en dictadura, sin Congreso, con un plebiscito de dudosa calidad, en ausencia de cualquier parámetro democrático, le resta la legitimidad necesaria para la convivencia social.

Los tiempos hacen necesario el reconocimiento de un Estado plurinacional: el conflicto en la Araucanía está lejos de acabarse, y necesitamos como sociedad reconocer y reparar una injusticia histórica de siglos, reconociendo la convivencia con el pueblo mapuche. Esto nos permitiría conciliar cosmovisiones y comenzar a respetar las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios. La actual Constitución no menciona ni una sola vez a los pueblos indígenas.

Si bien la constitución de 1980 fue pionera en el ámbito medioambiental, otorgando el derecho a los ciudadanos a vivir en un medioambiente libre de contaminación, el precepto se queda corto para la realidad actual. Debe asegurar un estándar de protección medioambiental que garantice la preservación del planeta que habitamos. El futuro de nuestro país está en el cuidado y uso responsable de sus recursos naturales.

Las sociedades son flexibles y van cambiando, y la posibilidad de adaptarse a los nuevos tiempos e ir avanzando es fundamental, así como lo es su poder de representar tanto a la mayoría como a las minorías, sin la dominación de unos pocos. La Constitución debe representar los valores de la sociedad en su conjunto en un determinado momento histórico, para ser capaz de fundar una mejor sociedad. 

En caso de aprobarse, el proceso constituyente durará como máximo 12 meses y será manejado por: una comisión mixta de 172 miembros, la mitad ciudadanos electos y la otra mitad elegidos por el congreso pleno, o por una convención constituyente de 155 ciudadanos electos tras votaciones. En lo que no haya consenso, se dejará fuera y se resolverá más adelante con iniciativa legislativa. 

El uso de asambleas constituyentes en el mundo no es algo nuevo, numerosos países las han usado, la gran mayoría de estos en Latinoamérica, y algunos importantes en Europa. (Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, México, Panamá, Perú y Venezuela). Sin embargo, pareciera ser que ciertos sectores se esfuerzan en recordarnos sólo al último de la lista para atemorizarnos.

Es innegable que las instituciones políticas de Chile enfrentan una crisis de legitimidad gigantesca. Hasta ahora, la constitución ha sido reformada en la medida de lo posible, sin profundizar un debate más amplio sobre la sociedad que queremos. Redactar una constitución desde cero tiene importantes consecuencias simbólicas y materiales. Con garantías de representatividad, la hoja en blanco obliga a crear un consenso entre las partes que refleje el pacto social que se alcanzó. La asamblea constituyente sirve como una herramienta conciliadora para asegurar representatividad de la sociedad. Aprobar es la única forma de construir una sociedad verdaderamente democrática, y eso voy a hacer, absolutamente convencido, este próximo 25 de octubre. Ojalá que tú también.

Foto: Getty Images

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