AMIA: 7.000 días de impunidad y vergüenza.

por KEVIN ARY LEVIN, Est. Sociología, U. de Buenos Aires.

 

Hace ya 19 años, precisamente el 18 de julio de 1994, un atentado terrorista destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, terminando la vida de 85 personas inocentes e hiriendo a cientos.

Basta ver las preguntas abiertas que tenemos al día de hoy para entender las enormes irregularidades en la investigación desatada a partir de la explosión. Destrucción de evidencia, testimonios falsos, presiones políticas y privilegios propios del poder hacen apestar los expedientes de la causa. ¿El resultado? 19 años, y ni una persona cumpliendo una condena por uno de los crímenes más grandes de la historia cometidos en territorio argentino.

Este año, que se cierra desde el 18º aniversario hasta hoy, está marcado principalmente por un proceso iniciado y por otro que nunca se inició. El último tiene que ver con la causa encubrimiento, es decir, la causa que se abrió a partir de las innegables distorsiones en el proceso de investigación. Esta causa involucra a personalidades influyentes como el ex presidente Carlos Menem; el ex juez de la causa Juan José Galeano; sus fiscales, Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Hugo Anzorreguy; el ex director de la Unidad de Investigación Antiterrorista, Jorge “Fino” Palacios; y el ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja; y si bien fue elevada a juicio oral hace dos años, este juicio no tiene ni siquiera fecha de inicio.

El proceso iniciado, por otro lado, tiene que ver con el memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán el 27 de enero pasado. Al respecto, cabe aclarar que la principal punta que se sostiene en la investigación habla del involucramiento de ciudadanos iraníes como responsables de la autoría intelectual del atentado, motivo por el cual Argentina hace años venía exigiendo interrogar a ocho sospechosos persas, enfrentándose con la negación del régimen de Ahmadinejad.  En este contexto, ambos países firmaron un compromiso (aun no ratificado en Irán) que plantea la creación de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales para interrogar a los iraníes en territorio iraní.

La relación de la sociedad argentina, la comunidad judía y de los familiares de las víctimas frente a estos temas no es uniforme. Las instituciones centrales de la comunidad judía, así como la mayoría de la oposición al gobierno, rechazaron el documento. Quizás no hay forma más contundente de expresar su sensación como la frase de Sofía Guterman, madre de Andrea, una de las víctimas, quien en el acto anual del 18 declaró: “Los muertos no se negocian”.

Para los partidarios de esta postura, el acuerdo tiene que ver con una intención de Irán (y, algunos dicen, Argentina) de enterrar la causa, retroceder en los avances de la investigación y normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. Señalan también la falta de voluntad de Irán para juzgar a sus ciudadanos y el riesgo de que caigan las circulares rojas emitidas por la INTERPOL, que se activan cuando los sospechosos viajan al exterior. Guterman cuestionó también

el retardo en la causa encubrimiento: “¿Qué pasa con el juicio por encubrimiento? No es un juicio para extranjeros, es para argentinos que taparon, encubrieron y ocultaron la verdad. Ser encubridores es ser cómplices, y la complicidad se nutre de impunidad y de conductas sucias.”

En respuesta a esto, Sergio Burstein y la agrupación que lidera, 18J, de postura cercana al gobierno argentino, apoya el memorándum, al que define como “una herramienta política que quizás pueda servir para destrabar”.

Memoria Activa, una agrupación que tempranamente se alejó de la dirigencia comunitaria en la causa frente a sospechas de que esta no perseguía los mismos reclamos, apoyó con reservas el proceso diplomático. En su acto conmemorativo, los jóvenes integrantes de la agrupación Astrid Malamud y Eial Moldavsky afirmaron: “Si a 19 años del atentado existe la posibilidad de avanzar en la indagatoria de los sospechosos, ¿qué tenemos que perder? ¿Por qué negarnos la única opción que tenemos hoy de acercarnos un poco más a la verdad?” En efecto, esta línea parte de la base que una investigación que apunta casi exclusivamente a ciudadanos residentes en Irán, quienes no son entregados por el gobierno, difícilmente puede proceder con algún tipo de proceso judicial si no es con el consentimiento de dicha nación. Por otro lado, esta agrupación denunció fuertemente la demora en el juicio por encubrimiento, al declarar: “¿Por qué no inicia el juicio por encubrimiento?… Queremos que los encubridores que firmaron decretos, sentencias, negociados, que se estrecharon las manos para sellar pactos de silencio, se sienten en el banquillo de los acusados y expliquen por qué hicieron lo que hicieron y por qué no hicieron lo que debían hacer.”

Finalmente, APEMIA, una agrupación de familiares vinculada al trotskismo, cuya cara visible es Laura Ginsberg, se opone al memorándum, al que define como “el instrumento del gobierno de Cristina Kirchner para levantar la acusación contra Irán después de diez años de haberlo incriminado.” Para esta agrupación, entonces, no hay evidencias fuertes contra Irán, siendo la acusación la consecuencia de “haber puesto la causa AMIA al servicio de los intereses de las grandes potencias e Israel en Medio Oriente.”

Queda claro que en la causa AMIA se cruza el debate jurídico con el político, e incluso cabe la posibilidad para lecturas de tipo geopolíticas. En este escenario de pocas certidumbres, una cosa es cierta: un año más sin avances es una derrota para toda la sociedad argentina. Fuera de esto, el memorándum aparentemente continuará su curso si se dan dos condiciones: debe ser ratificado por Irán y debe fracasar un recurso de la oposición argentina de declararlo anticonstitucional. El juicio por encubrimiento, más tradicional y evidente, tiene quizás un futuro aún más incierto.

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