La masacre de la AMIA y la comunidad judía: un terreno en disputa entre intereses políticos ocultos.

por DAMIAN BRUMER, Est. Abogacía, U. Nacional de La Plata, Argentina.

Se suele sostener que donde hay dos judíos hay tres ideas diferentes y dispares. La historia refleja de alguna forma esta premisa y grafica la existencia de sectores enfrentados dentro de la comunidad, demostrando el carácter indefectiblemente conflictivo de la sociedad y de cualquier colectivo humano. La masacre de la AMIA es uno de los casos que cristalizan estas ideas en la historia reciente de la comunidad judeo-argentina, historia signada por continuos enfrentamientos de diversos sectores comunitarios. Pero esta característica relativa a la multiplicidad ideológica hacia dentro de la colectividad, no implica una «práctica tradicional” per se, o un “dato de color” más, equiparable a los comportamientos de una idishe mame, sino que son el resultado de proyectos políticos diferentes y en general antagónicos de comunidad y de sociedad en general.

Este año, el debate sobre el caso AMIA volvió a tomar estado público al impulsarse un proyecto desde la Presidencia de la Nación, para que el Estado Argentino firme un “Memorandum de Entendimiento” con Irán, en virtud de que -según la justicia argentina y sobre la base de elementos probatorios aportados principalmente por las agencias de inteligencia y embajadas estadounidense e israelí-, los implicados en la conexión internacional del atentado resultarían ser ciudadanos de ese Estado. Esta propuesta de acuerdo con Irán surge como consecuencia de la negativa de las autoridades de ese país para que los implicados se sometan a un proceso penal en suelo argentino o en un tercer país. En líneas generales, y más allá de las controversias suscitadas en relación a su contenido e interpretación, este acuerdo permitiría que el Juez a cargo de la causa que investiga la voladura de la mutual judía tome declaraciones indagatorias a los imputados iraníes en su país natal, a la vez que una llamada “comisión de la verdad” integrada por prestigiosos juristas, supervisaría el proceso evaluando las pruebas, aunque con dictámenes sin fuerza vinculante para la justicia.

Inmediatamente se alzaron voces a favor y en contra. Oportunistas, sinvergüenzas, traidores, mentirosos y sujetos sin escrúpulos también asistieron a la velada -de uno y otro lado-. Ex funcionarios del menemismo de los años `90 -muchos de los cuales hoy se enfilan detrás de Cristina Kirchner- que avalaron y sostuvieron la “historia oficial” construida alrededor del atentado, ex funcionarios de gobiernos sucesivos que nada hicieron para esclarecer la masacre, allegados a responsables políticos del atentado o del encubrimiento y desvío de las investigaciones, sectores que nombraron entre sus funcionarios de gobierno a personajes involucrados abiertamente en la conexión local del atentado, todos ellos banalizaron el sentido de la memoria, dándose el lujo de plantear qué era lo mejor para que la causa AMIA avanzara y reinara la verdad y la justicia.

De todas maneras, el broche de oro se lo llevaron quienes siempre se arrogan la representación de la comunidad judía, es decir, las dirigencias de AMIA y DAIA. Claro que no es suficiente el espacio de esta nota para desarrollar acabadamente la historia política de estas instituciones y su rol en relación al atentado. Sin embargo, muchos nos preguntamos qué legitimidad tienen para opinar quienes respaldan a uno de los grandes responsables del encubrimiento y desvío de las investigaciones como lo es el ex dirigente de la DAIA Rubén Beraja, o quienes también apoyan un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que designó como funcionario al “Fino” Palacios: otro de los implicados en la causa por el encubrimiento, o quienes le negaron la palabra a los familiares de las víctimas en el último acto oficial del 18 de julio. Pero no es sólo la dirigencia comunitaria oficial actual, desde 1994 la AMIA-DAIA ha asumido comportamientos nefastos, sosteniendo un juez corrupto y cómplice como Galeano, condecorando al “Fino” Palacios por su labor en la DUIA, construyendo la infame “historia oficial” y omitiendo todo tipo de acción concreta para el esclarecimiento.

Sin embargo, lo curioso de la “reapertura” de este debate fue la visualización en los debates parlamentarios de otras voces hacia dentro de la comunidad, organismos de familiares y amigos que -con sus diferencias-, dieron a entender que la AMIA-DAIA no son LA comunidad judía, y que otros fueron los sectores que desde hace 19 años vienen dando una pelea contra la impunidad. La “Agrupación de Familiares y Amigos de las víctimas”, “Memoria Activa” y “APEMIA (Agrupación Para el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia)” fueron las organizaciones responsables de alzar sus voces disidentes, destacándose las manifestaciones de esta última, según la cual el acuerdo con Irán implica un callejón sin salida y un “punto final” a la causa AMIA, ya que en el caso de que efectivamente se tomen las declaraciones indagatorias y se determinen las culpabilidades, el proceso quedaría paralizado ante la negativa de ese Estado de entregar a los responsables. Y a su vez, en el supuesto de que no logre establecerse la responsabilidad como consecuencia de los interrogatorios, el camino propuesto estaría obligado a cerrar sus puertas. En ambos casos, la respuesta del gobierno argentino sería la misma: “hicimos todo lo que pudimos…”.

Existen muchos elementos y aristas más para arrojar luz sobre el tema, pero lo que sí queda claro es que la comunidad judía es un terreno de disputa política, terreno en el que la dirigencia oficial y APEMIA incluso coinciden en la posición sobre el debate planteado, pero que se alejan tajantemente en cuanto a los argumentos y perspectivas políticas. Queda en manos de todos y todas retomar estos debates y evaluar qué futuro y proyección pretendemos: una comunidad cómplice de la impunidad y de los personajes más repudiables de la sociedad y de la colectividad, o una que conjuntamente con otros sectores y organizaciones sociales aporte a una lucha genuina por la transformación social, poniéndose a disposición de una investigación seria, esclarecedora e independiente de un Estado que ya se declaró por Decreto culpable del atentado, que exija el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos, y del encubrimiento y desvío de las investigaciones. En otras palabras, una comunidad que recupere nuestra historia, critique el presente y expropie el futuro.