#putosjudíos
por PABLO BORNSTEIN, Lic. en Historia Contemporánea por la U. Autónoma de Madrid, España. MA en Estudios de Oriente Medio en la U. de Tel Aviv, Israel.
En las últimas semanas, han tenido lugar en España una serie de incidentes relativos a la responsabilidad política y penal de opiniones vertidas en las redes sociales. El ciclo comenzó con la denominada “operación araña”, una acción policial en la que fueron detenidos 21 jóvenes que habían expresado de forma continuada apoyo al grupo terrorista vasco ETA en dichas redes sociales. A los detenidos se les tomó declaración y se les puso en libertad posteriormente. Pero la medida generó automáticamente un debate sobre la idoneidad de las detenciones.
Poco después, el 15 de mayo, la policía detenía a un joven de 19 años por apoyar en twitter el asesinato mediante disparos de la Presidenta de la Diputación Provincial de León, Isabel Carrasco, miembro del conservador Partido Popular. Días después de esta detención, también en twitter, diversas asociaciones judías hacían una denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado contra miles de usuarios. Durante la final de la Euroliga de baloncesto que enfrentaba a Real Madrid y Maccabi Tel Aviv, el hashtag #putosjudios llegó a ser trending topic en el país, entre otros comentarios más sangrantes que se pudieron leer al respecto.
En los tres casos, la insensibilidad de las expresiones usadas es evidente, por no usar palabras más fuertes. En cualquier caso, la sucesión tan vertiginosa de casos en los que quedan entrelazados los tribunales y una realidad virtual que cada vez es menos virtual, obligan a reflexionar sobre estos fenómenos de extremada actualidad. Al hilo de estos acontecimientos, el debate en España ha articulado argumentos que van desde la necesidad de asegurar espacios para la libertad de expresión – especialmente respecto a unos poderes estatales que se ven cada vez menos representativos de la ciudadanía – hasta la búsqueda de hacer asumir responsabilidades cívicas a usuarios de plataformas que gozan de una creciente relevancia en el espacio público global.
En este sentido, reflexiones bastante poco innovadoras sobre los límites de la libertad, sobre la consideración del tipo de expresiones que son perseguibles, y sobre la punibilidad de opiniones públicas en favor de actos delictivos, adquieren extremada novedad debido a la rapidez y capacidad de difusión de los medios de comunicación cuyas implicaciones sociales quizás solo estamos empezando a darnos cuenta.
¿Son estos medios novedosos susceptibles de ser controlados por la legislación penal vigente, o se necesita un marco legal nuevo debido a su potencialidad específica para generar nuevas actitudes políticas? ¿Serán capaces las redes sociales de modificar comportamientos políticos e incluso reglas sociales? ¿Darán lugar a nuevas formas de responsabilidad, o simplemente ampliarán el ruido de ejemplos de barbarie de sobra conocida?
